No se puede negar que las criptomonedas (Tether, Litecoin, Bitcoin, Ripple, etc.) llevan años llamando la atención en los mercados financieros. Si bien, sus usos por fin empiezan a tener impacto en el sistema jurídico español y europeo.
Las criptomonedas destacan por su extraordinaria revalorización acumulada en los últimos años y por su opacidad fiscal.
Por este motivo, la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, introduce la obligación de informar sobre los saldos y operaciones que mantienen los titulares de estas monedas virtuales, en aras de controlar su fiscalidad.
Esta norma vincula a los proveedores de servicios de cambio (exchangers) y a los propios contribuyentes, a través del modelo 720.
¿Por qué el modelo 720? Por ser el modelo de declaración tributaria por la que se declaran los bienes en el extranjero de las personas residentes en España, ya que las criptomonedas son activos que circulan por el mundo independientemente de fronteras.
Del mismo modo, próximamente se llevará a cabo la creación de la esperada Fiscalía Europea, donde nos encontraremos en una situación de mayor colaboración entre las administraciones de los estados de la UE en el intercambio de este tipo de información tributaria.
Como con toda nueva norma, es siempre conveniente disponer de un buen asesoramiento legal para evitar posibles sanciones, ya que, como es bien sabido “Ignorantia juris non excusat” (la ignorancia no exime del cumplimiento de la ley).