Con fecha 30 de marzo de 2022 entró en vigor el Real Decreto-Ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania.
Gracias a los 20 días de protestas del sector del transporte, que se llevaron a cabo del 14 de marzo al 3 de abril, el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) llegó al acuerdo con el Gobierno para incluir en dicho Real Decreto las siguientes medidas en materia de transporte, con el objetivo de reducir de manera inmediata el precio de los combustibles usados por los transportistas, apoyar de forma rápida a las empresas del sector y garantizar la protección para los autónomos:
1.- LÍNEAS DE AYUDAS DIRECTAS A EMPRESAS Y PROFESIONALES DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS Y PASAJEROS
Ayudas directas por importe total de 450 millones de euros. Dentro de cada actividad, el importe de la ayuda se determinará atendiendo al tipo de vehículo explotado por cada beneficiario. Por ejemplo, 1.250€ por camión, 950€ por autobús, 500€ por furgoneta o 300€ por taxi).
La solicitud se debe llevar a cabo a través de la sede electrónica de la AEAT. El plazo de finalización de la presentación de la solicitud finalizará el 30 de abril de 2022.
2.- BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA Y TEMPORAL DEL PRECIO FINAL DE VENTA AL PÚBLICO DE GASÓLEO, GASOLINA, Y BIODIÉSEL.
Se aprueba del derecho de bonificación extraordinaria, por importe de 0,20 euros/litro, para las personas y entidades que adquieran estos productos entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2022 (medida prorrogable según evolucionen los mercados).
Además, el Gobierno se ha comprometido a presentar antes del 31 de julio un proyecto de ley para aplicar al sector del transporte de mercancías por carretera los principios de la ley de la cadena alimentaria para asegurar una utilización justa de la subcontratación y la rentabilidad del trabajo en el sector. Del mismo modo, se tiene previsto ampliar de nuevo el periodo de vencimiento de los préstamos avalados durante la pandemia por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) hasta 8-10 años, así como la ampliación de su periodo de carencia en 6 meses.